Texas da marcha atrás: el estado endurece su política sobre el THC seis años después del auge del cáñamo

Lo que comenzó en 2019 como una apertura para la industria del cáñamo en Texas acaba de sufrir uno de sus cambios más drásticos. Desde el 31 de julio, el estado comenzó a aplicar nuevas restricciones que convierten en ilegales la mayoría de los productos con cannabinoides derivados del cáñamo que durante años estuvieron disponibles en tiendas especializadas, gasolineras y dispensarios de CBD.

La medida afecta principalmente productos con Delta-8 THC, Delta-10 THC, THCP y otros cannabinoides psicoactivos derivados del cáñamo. Aunque el cáñamo industrial continúa siendo legal bajo ciertos parámetros y algunos productos con Delta-9 THC por debajo del límite federal permanecen permitidos, la nueva política elimina gran parte del mercado que floreció tras la aprobación de la ley estatal de 2019.

El cambio no surge de una nueva legalización o prohibición del cannabis recreativo —que continúa siendo ilegal en Texas—, sino de la aplicación de normas que reclasifican estos cannabinoides como sustancias controladas tras una larga batalla judicial. La decisión representa un duro golpe para una industria multimillonaria que emplea a miles de personas en el estado.

Las autoridades estatales argumentan que la proliferación de productos con efectos psicoactivos vendidos con escasa regulación representaba un riesgo para la salud pública y facilitaba el acceso de menores de edad. Por su parte, empresarios, pacientes y organizaciones de la industria sostienen que la medida deja sin alternativas a consumidores que utilizaban estos productos para controlar ansiedad, dolor crónico e insomnio, además de generar incertidumbre económica para miles de negocios.

El caso de Texas refleja el complejo momento que vive la regulación del cannabis en Estados Unidos. Mientras algunos estados avanzan hacia mercados regulados de uso adulto, otros endurecen las restricciones sobre los cannabinoides derivados del cáñamo, intentando cerrar vacíos legales creados tras la aprobación del Farm Bill de 2018.

Para la industria del cannabis, el mensaje es claro: el crecimiento comercial por sí solo no garantiza estabilidad regulatoria. El futuro dependerá de marcos legales sólidos, investigación científica y políticas públicas capaces de equilibrar el acceso con la protección de la salud.