Puerto Rico y el Cannabis: retos y pasos prácticos

La regulación del cannabis en Puerto Rico puede generar beneficios reales si se ejecuta con claridad, equidad y capacidades institucionales. Sin una visión práctica y ajustada a nuestra realidad, corremos el riesgo de que los beneficios no lleguen a donde realmente se necesita.

La economía local puede convertirse en un motor si se crean empleos formales en cultivos, transformación y venta minorista, y si se ofrecen incentivos para las pequeñas empresas y crédito local para iniciar negocios regulados. Se busca un marco que permita licencias y costos razonables para que un agricultor pequeño pueda integrarse a la economía formal sin trabas desproporcionadas.

En cuanto al acceso y la calidad para pacientes, un sistema regulado garantiza productos rentables, con dosis estandarizadas y controles de contaminación; así se facilita la compra para quienes dependen del cannabis con fines terapéuticos. Es crucial exigir pruebas de laboratorio y etiquetas claras en cada lote para evitar información ambigüa y asegurar la seguridad.

La seguridad y la educación deben ir de la mano. Normas de calidad y vigilancia reducen riesgos, y las campañas educativas deben llegar a jóvenes y comunidades en alto riesgo. Este enfoque evita normalizar el consumo a temprana edad y protege a las personas vulnerables.

La equidad regional requiere programas de apoyo a pequeñas empresas, acceso a capital y rutas de certificación para comunidades históricamente desatendidas. Proponemos cuotas de licencias para microempresas locales y asesoría técnica gratuita durante los primeros meses para facilitar la incursión en la industria.

Entre los retos, destaca el conflicto con la normativa federal. Puerto Rico debe armonizar reglas locales con la ley federal manteniendo seguridad regulatoria para inversores y pacientes, con claridad sobre impuestos, licencias y cumplimiento para evitar sorpresas. La burocracia y la capacidad institucional también representan un obstáculo. Es necesaria una administración de procesos más simple, con plazos fijos y auditorías públicas periódicas.

Los riesgos para juventud y salud exigen buena comunicación y una estrategia de prevención contundente. Las campañas de educación y los servicios de tratamiento deben estar disponibles sin trabas, para evitar desbordes en consumo entre menores.

La concentración de poder también es un tema crítico; sin mecanismos que favorezcan la entrada de nuevos " players", los mas grandes podrían dominar el mercado, como esta sucediendo actualmente. Se requieren medidas que faciliten el acceso a licencias y financiamiento para pequeños cultivadores y nuevas empresas.

En cuanto a un marco práctico, se propone un paquete regulatorio que unifique licencias, impuestos, trazabilidad y cumplimiento con plazos razonables. Es imprescindible fortalecer las capacidades institucionales, aumentando la capacidad de inspección, auditoría y transparencia, con métricas públicas y rendición de cuentas. El eje de la política debe ser la equidad y el desarrollo económico, con créditos y programas de incubación para pymes, cuotas para comunidades desatendidas y asesoría técnica y mercantil. También deben existir normas de calidad, campañas de reducción de daños y acceso a tratamiento sin trabas, junto con publicidad responsable. Por último, la cooperación entre niveles de gobierno debe aprovechar la autonomía local y alinearse con normas federales para facilitar comercio y cumplimiento.

La lectura de la realidad puertorriqueña señala que diversificar ingresos es necesario y que el cannabis regulado debe beneficiar a comunidades y evitar depender de rentas puntuales. La inversión sostenida en salud y educación resulta clave, con prioridad en pacientes, seguridad y reducción de daños. La gobernanza debe ser más ágil y participativa, aprendiendo de experiencias para garantizar responsabilidad y previsibilidad.

En última instancia, la industria del cannabis puede generar empleo y desarrollo si la regulación se acompaña de instituciones fuertes y reglas claras que protejan a las personas. Con ese equilibrio, Puerto Rico puede convertir el cannabis en motor de crecimiento responsable para pacientes, trabajadores y comunidades.