La reclasificación del cannabis bajo la Ley Federal de Sustancias Controladas: implicaciones jurídicas para Puerto Rico

Donald Trump emitió una directriz dirigida a varias agencias federales con el propósito de

evaluar un cambio en la clasificación del cannabis, de categoría I a la categoría III. Dicha directriz solicita, esencialmente, que apruebe la legislación y regulación necesaria para reclasificar la sustancial, logrando mayor apertura para su investigación y uso. El cannabis ha estado catalogado como una sustancia de categoría I desde la década de 1970. Esta categoría implica que la sustancia no tiene uso médico aceptado y posee un alto potencial de abuso y es ilegal a nivel federal. En contraste, la categoría III reconoce usos médicos aceptados y un potencial de abuso considerablemente menor.

Ahora bien, ¿qué significa esto para Puerto Rico en este momento? La respuesta corta es:

nada, por ahora. Este posible cambio no guarda relación directa con el cannabis recreacional ni lo impulsa de forma alguna. La decisión de legalizar o no el uso recreacional del cannabis recae exclusivamente en cada estado o jurisdicción, independientemente de la clasificación federal que se le otorgue a la sustancia.

En este proceso, que es lento y altamente burocrático, es importante entender que el

presidente de Estados Unidos no puede obligar a los estados a tomar acción alguna. Existe una clara separación entre el gobierno federal y los estados, los cuales gozan de autonomía propia. Los estados, incluido Puerto Rico, esperarán primero a que se enmiende la Ley Federal de Sustancias Controladas. Una vez eso ocurra, entonces procederán —si así lo entienden— a atemperar sus leyes estatales, reglamentos y normativas. Posteriormente, las agencias reguladoras y el sector privado reaccionarán en un efecto dominó.

Entre los aspectos positivos de un eventual cambio a categoría III, destaca que las pruebas

de dopaje por cannabis en el empleo podrían eliminarse, incluso en trabajos de carácter federal. Esto representaría un paso significativo para combatir el discrimen laboral basado en el uso de cannabis.

No obstante, el cambio a categoría III también podría tener repercusiones importantes para

los cultivos, las manufacturas y los dispensarios. Una vez la FDA asuma un rol más activo, existe la posibilidad de que se impongan requisitos federales adicionales, potencialmente, costosos para la industria. Asimismo, esta reclasificación podría significar que los médicos no tendrían limitaciones para recetar cannabis y que incluso las farmacias podrían integrarse al proceso de dispensación.

Aun así, es prudente esperar con paciencia antes de celebrar. La interrogante que persiste

es: ¿por qué ahora? ¿Quién ha cabildeado para que el cannabis pase a categoría III? ¿Qué interés real tiene el gobierno federal en esta planta? Todos sabemos que no se trata de afinidad cultural nide simpatía con el cannabis. La pregunta de fondo es: ¿qué planes tiene el gobierno federal en la mira?

Lcdo. Gabriel Sifre

CONSULTOR

@unamoñasinpelo