Cannabis medicinal en Puerto Rico: una industria bajo presión y un sistema regulatorio ante nuevos cuestionamientos

La intervención directa del Departamento de Salud en los asuntos de la División de Cannabis Medicinal, las investigaciones activas, una querella ética contra un exinspector y una tragedia vinculada a disputas comerciales colocan nuevamente bajo atención el funcionamiento de un sector que involucra salud pública, actividad económica y responsabilidades institucionales.

La industria del cannabis medicinal en Puerto Rico ha evolucionado hasta convertirse en un sector que involucra a miles de pacientes, profesionales de la salud, establecimientos autorizados y múltiples actores económicos. Su crecimiento también ha traído consigo mayores responsabilidades de supervisión, cumplimiento y transparencia.

Durante las últimas semanas, varios acontecimientos han vuelto a colocar el funcionamiento del programa bajo la atención pública. Aunque no existe evidencia de que todos estén relacionados entre sí, su coincidencia plantea una conversación necesaria sobre la capacidad de las instituciones para fiscalizar una industria cada vez más compleja.

El movimiento más reciente ocurrió el 27 de octubre, cuando el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, emitió una directriz para que los asuntos relacionados con la División de Cannabis Medicinal, con excepción de los administrativos, fueran atendidos directamente por la Oficina del Secretario.

La determinación responde a múltiples investigaciones activas, tanto internas como de otras agencias. Aunque no se precisó cuántas pesquisas están en curso ni se ofrecieron detalles sobre su naturaleza, el secretario explicó que las comunicaciones relacionadas con esos asuntos se canalizarán a través de su oficina. La intención, según indicó, es proteger los procesos investigativos y evitar que el personal de la División tenga que intervenir en asuntos que pudieran estar bajo investigación.

La directriz no representa, según las declaraciones del funcionario, un cambio en la dirección de la oficina ni una modificación en los procesos de otorgamiento de licencias y permisos. Ramos Otero expresó que mantiene su confianza en Marjorie Tolentino Rivera, directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, y en el equipo de trabajo. Las operaciones administrativas, aseguró, continuarán funcionando de manera similar.

La distinción es importante: no se anunció la eliminación de la estructura reguladora ni la suspensión de las operaciones de la industria. Se trata de un cambio en el manejo de los asuntos y las comunicaciones de la División, en un momento en que existen investigaciones cuyos detalles permanecen reservados.

Este movimiento ocurre, además, en un contexto donde la supervisión del programa ya estaba bajo evaluación. Meses antes, la Comisión de Salud del Senado había iniciado una investigación sobre el funcionamiento del Programa de Cannabis Medicinal, sus procesos de fiscalización y el cumplimiento del marco regulatorio. Como parte de ese proceso, se realizaron inspecciones en dos laboratorios y un dispensario, donde se identificaron irregularidades que dieron paso a despidos y multas. También se había planteado la posibilidad de realizar nuevas inspecciones.

Estos acontecimientos reflejan que las preguntas sobre la fiscalización del programa no comenzaron con la directriz del secretario. Ya existía un ejercicio de evaluación institucional sobre cómo se administra y supervisa el sector.

A ese panorama se suma la querella presentada por la Oficina de Ética Gubernamental contra Adair Emilio Pérez Torres, quien se desempeñó como inspector de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal entre marzo de 2021 y septiembre de 2025.

La querella alega que, en enero de 2026, Pérez Torres intervino ante la misma entidad donde había trabajado, en representación de una empresa que buscaba certificarse como proveedora de educación continua. También señala que habría ofrecido servicios de consultoría a una entidad regulada.

La controversia gira alrededor de las restricciones que establece la Ley de Ética Gubernamental para exservidores públicos durante los dos años posteriores a la terminación de su empleo, particularmente cuando realizan gestiones ante la agencia para la que trabajaron. La Oficina de Ética Gubernamental solicita sanciones por las presuntas infracciones. Sin embargo, es importante precisar que se trata de alegaciones contenidas en una querella y no de una determinación final de responsabilidad. El proceso deberá seguir su curso correspondiente.

Más allá del resultado de este caso, el asunto vuelve a destacar la importancia de establecer límites claros entre el conocimiento adquirido en el servicio público y las actividades profesionales que se realizan posteriormente en el sector privado.

La conversación adquirió una dimensión humana mucho más dolorosa tras los asesinatos de Félix Plaud de Choudens y del abogado Luis Quiñones González, así como la posterior muerte de William Noel Rivera Sánchez, señalado como responsable de ambos crímenes.

Las informaciones relacionadas con el caso revelaron que Rivera Sánchez había presentado dos demandas civiles vinculadas a inversiones que alegó haber realizado en proyectos para establecer dispensarios de cannabis medicinal. En una de ellas reclamó cantidades relacionadas con una inversión de $100,000; en otra, alegó haber invertido $161,000 en un proyecto comercial.

Los documentos judiciales describen reclamaciones por presunto incumplimiento de acuerdos y daños. No obstante, las alegaciones de las demandas no constituyen por sí mismas determinaciones judiciales de fraude o responsabilidad. Tampoco establecen una relación causal entre las controversias comerciales y los hechos violentos, aunque las autoridades investigaron el posible móvil y el propio Rivera Sánchez hizo señalamientos sobre esas disputas en videos difundidos en redes sociales.

Este episodio no debe utilizarse para generalizar sobre una industria completa ni para atribuir responsabilidad colectiva a sus participantes. Sí permite reconocer que, como en cualquier sector que moviliza inversiones y acuerdos comerciales, la claridad contractual, la diligencia y los mecanismos para resolver controversias son elementos esenciales.

Las cifras disponibles ayudan a dimensionar la responsabilidad que acompaña al programa. En agosto de 2026, Puerto Rico contaba con 110,736 pacientes activos, 59 médicos certificadores y 4,505 licencias ocupacionales. Detrás de esas cifras hay pacientes que dependen del acceso a tratamientos, profesionales que participan en su certificación, trabajadores y empresas que operan bajo un marco regulatorio, y una estructura pública encargada de establecer y hacer cumplir las reglas.

Por eso, la discusión no debería limitarse a quién atenderá las comunicaciones de la División ni a las controversias que ocupan los titulares. La pregunta de fondo es cómo se fortalece un sistema que debe garantizar supervisión consistente, procesos transparentes, cumplimiento regulatorio y protección para los pacientes.

Las investigaciones en curso tendrán que seguir su debido proceso. Las alegaciones deberán evaluarse con evidencia y las decisiones institucionales tendrán que explicarse con claridad, dentro de los límites que impone cada procedimiento.

El cannabis medicinal en Puerto Rico ha alcanzado una dimensión que exige instituciones capaces de responder a sus responsabilidades con rigor y consistencia. Su desarrollo no depende únicamente de la actividad económica o de la expansión de los servicios, sino también de la confianza que pueda generar en pacientes, profesionales y ciudadanía.

Porque una industria regulada no se sostiene solamente por las reglas que existen sobre el papel, sino por la capacidad de hacerlas cumplir y demostrar que funcionan.