Cuando la prohibición también deja muertos

Hay una pregunta que merece hacerse cada vez que Estados Unidos vuelve a discutir el futuro de sus leyes sobre cannabis:

¿Cuál ha sido el costo humano de la guerra contra una planta?

No se trata de afirmar que el cannabis es inocuo. No lo es. Es una sustancia psicoactiva, puede producir efectos adversos y su consumo también plantea riesgos que merecen ser discutidos con seriedad.

Pero existe otra conversación, mucho menos frecuente: la de las personas que terminaron perdiendo años —y en algunos casos la vida— dentro del sistema creado para prohibirlo.

La propia DEA reconoce en su ficha de cannabis que no se han reportado muertes por sobredosis atribuibles a la marihuana. Pero esa discusión sobre toxicidad no responde otra pregunta: ¿qué ocurre cuando una persona entra al sistema penal por un delito relacionado con cannabis?

La historia de Antonio “Tony” Bascaro ofrece una dimensión difícil de ignorar.

El piloto cubano recibió en 1982 una sentencia federal de 60 años relacionada con una conspiración para importar marihuana. Terminó cumpliendo aproximadamente 39 años en prisión y fue liberado en 2019, a los 84 años. Documentos del Departamento de Justicia de la época registran la sentencia de 60 años.

Bascaro volvió a ser libre.

Otros no.

Richard Flor, de Montana, era un cuidador registrado dentro del programa estatal de marihuana medicinal. Tenía 68 años cuando recibió una sentencia federal de cinco años. Murió pocos meses después mientras estaba bajo custodia federal, después de enfrentar graves problemas de salud. Su caso se convirtió posteriormente en un ejemplo citado en el debate sobre la liberación compasiva de presos enfermos.

Steven Sutherland recibió una sentencia de diez años en Missouri. Su caso involucraba 110 gramos de marihuana y 21 plantas. Cuando ingresó al sistema penitenciario ya tenía problemas de salud; menos de un año después de comenzar su condena murió.

Y existe el caso de Jonathan Magbie.

Tenía 27 años. Era tetrapléjico desde niño y necesitaba asistencia respiratoria. No tenía antecedentes penales. En septiembre de 2004 fue enviado a una cárcel de Washington D.C. para cumplir una sentencia de diez días por posesión de marihuana.

Nunca regresó a casa.

Murió cuatro días después de comenzar su condena debido a una insuficiencia respiratoria. Una investigación oficial encontró deficiencias en la atención que recibió y posteriormente su familia presentó una demanda alegando que no se le proporcionaron los cuidados médicos que necesitaba.

Aquí es donde la discusión deja de ser exclusivamente sobre cannabis.

Se convierte en una discusión sobre proporcionalidad, justicia, salud y responsabilidad del Estado.

Porque una cosa es preguntarse qué riesgos representa una sustancia.

Otra muy diferente es preguntarse qué riesgos puede producir el sistema cuando una persona es encarcelada por un delito relacionado con esa sustancia.

Durante décadas, la guerra contra las drogas convirtió determinadas cantidades, conspiraciones y delitos de distribución en condenas que podían consumir una parte extraordinaria de la vida de una persona. En algunos casos, las leyes continuaron aplicándose incluso cuando las sociedades que las habían creado comenzaban a cambiar de posición respecto al cannabis.

Eso produce una paradoja que Estados Unidos todavía no ha terminado de resolver:

una persona puede pasar décadas en prisión por una conducta relacionada con una planta que, en muchos lugares del mismo país, hoy forma parte de una industria legal.

El tiempo no solamente cambia las leyes.

También cambia la percepción de lo que esas leyes hicieron.

Y esa es quizá la pregunta más incómoda:

¿Qué hacemos con las personas que envejecieron dentro de una política que el país ya no mira de la misma manera?

No todos los casos relacionados con cannabis son iguales. No todas las condenas fueron injustas. Y no toda persona encarcelada por marihuana fue simplemente un consumidor castigado de manera desproporcionada.

Precisamente por eso esta conversación necesita menos consignas y más investigación.

Necesita revisar las sentencias.

• Necesita mirar las condiciones médicas.

• Necesita examinar las posibilidades de clemencia y liberación compasiva.

• Necesita preguntarse cuántas personas continúan envejeciendo detrás de las rejas por condenas que hoy serían vistas de una manera muy diferente.

Porque la historia del cannabis en Estados Unidos no está escrita solamente en dispensarios, cultivos, impuestos y mercados multimillonarios.

También está escrita en expedientes judiciales.

En años perdidos.

En familias separadas.

En hombres que envejecieron en prisión.

Y en personas que nunca tuvieron la oportunidad de regresar a casa.

El cannabis puede ser objeto de debate médico, social y legal.

Pero también debemos hablar del otro lado de la ecuación:

cuando una política pública deja de ser cuestionada, sus consecuencias pueden convertirse en parte de la historia antes de que alguien se detenga a medirlas.

La pregunta ya no es solamente cuánto daño puede hacer una droga.

La pregunta es:

¿cuánto daño puede hacer una política diseñada para combatirla?