La maquinaria detrás de las condenas por cannabis
El costo de la guerra contra las drogas no se explica solamente mirando las sentencias. Hay que mirar las leyes que las hicieron posibles.
En la primera parte de esta historia preguntamos cuánto puede costar una política pública cuando una persona termina enferma, envejecida o muerta dentro del sistema penitenciario por un delito relacionado con cannabis.
Ahora hay que hacer una pregunta diferente:
¿Cómo llegaron esas condenas a ser posibles?
La respuesta está, en buena medida, en la legislación federal estadounidense.
Durante décadas, el cannabis estuvo dentro de un sistema federal de clasificación de sustancias que permitió perseguir no solamente la posesión, sino también delitos de distribución, conspiración y tráfico mediante estructuras de penas que podían crecer dramáticamente según la cantidad de droga atribuida al acusado.
Las llamadas mandatory minimums, o penas mínimas obligatorias, fueron particularmente importantes.
La Comisión de Sentencias de Estados Unidos ha documentado que las penas mínimas obligatorias por delitos de drogas han producido sentencias largas y han tenido un impacto significativo sobre la población penitenciaria federal. También encontró que los mecanismos de alivio —como el safety valve y la cooperación sustancial con el gobierno— no eliminaban completamente ese impacto.
Eso significa que el sistema no siempre funcionaba simplemente así:
delito → juez → sentencia.
Había otras variables.
La cantidad atribuida.
El papel que supuestamente desempeñaba una persona dentro de una organización.
Los antecedentes.
La posibilidad de recibir una reducción.
La cooperación con el gobierno.
Y, en determinados casos, las penas mínimas que el Congreso había establecido previamente.
El número podía convertirse en años
La legislación federal vinculó durante décadas determinadas cantidades de drogas con escalas de castigo cada vez mayores.
Eso ayudó a crear una realidad que hoy puede resultar difícil de conciliar con la transformación del cannabis estadounidense.
Porque mientras algunos estados comenzaron a legalizar la marihuana medicinal y posteriormente el uso adulto, el gobierno federal continuó tratando el cannabis bajo un marco penal propio.
Y ahí nació una de las contradicciones más extraordinarias de la política estadounidense:
una actividad podía ser legal bajo las leyes de un estado y continuar siendo ilegal bajo la ley federal.
Para una persona atrapada en ese cruce, el hecho de que su conducta fuera aceptada por una parte del país no necesariamente significaba que estuviera protegida frente al gobierno federal.
No todas las condenas fueron iguales
Es importante hacer una distinción.
No todas las personas encarceladas por cannabis eran consumidores.
Los datos actuales de la Comisión de Sentencias corresponden principalmente a casos de tráfico, no a simples casos de posesión.
En FY2025, el promedio de sentencia federal por tráfico de marihuana fue de 44 meses y el 85% de las personas recibió prisión. Al mismo tiempo, 64% tenía poca o ninguna historia criminal previa, según la categoría de antecedentes utilizada por la Comisión.
Ese dato cambia la conversación.
Porque permite salir de dos extremos igualmente fáciles:
“Todos los presos por cannabis eran víctimas inocentes.”
o
“Todos eran grandes traficantes que merecían cualquier condena.”
La realidad es mucho más compleja.
Y precisamente por eso vale la pena estudiarla.
Cuando la ley empezó a cambiar
Mientras tanto, el país comenzó a moverse en otra dirección.
Estados empezaron a legalizar la marihuana medicinal. Después llegaron los mercados de uso adulto. Aparecieron dispensarios, empresas públicas, cultivadores regulados y miles de millones de dólares en actividad económica.
Pero las personas condenadas bajo las antiguas reglas no podían simplemente salir de prisión porque el país hubiera cambiado de opinión.
Una modificación política no borra automáticamente una sentencia judicial.
Y ahí aparece otra pieza de la maquinaria:
la clemencia.
En 2022, el presidente Joe Biden emitió una proclamación de indulto para determinados delitos federales y del Distrito de Columbia relacionados con la simple posesión de marihuana. En 2023 amplió ese alivio para incluir también determinadas condenas por posesión, intento de posesión y uso.
Pero existe una diferencia fundamental:
un indulto por simple posesión no equivale a borrar una condena federal por tráfico o conspiración.
Por eso miles de personas pueden beneficiarse de una política de clemencia mientras otras, con condenas mucho más graves, continúan enfrentando décadas de prisión.
El sistema puede cambiar.
Pero no cambia de la misma manera para todos.
Y después está el envejecimiento
Aquí aparece uno de los problemas más difíciles.
¿Qué ocurre cuando una persona condenada hace décadas ya no representa el mismo riesgo, es anciana o padece una enfermedad grave?
El sistema federal contempla mecanismos de compassionate release, o reducción de sentencia por razones extraordinarias y compasivas.
La propia Oficina Federal de Prisiones estableció criterios específicos para considerar la reducción de sentencia de determinados presos de edad avanzada con condiciones médicas. Entre los criterios establecidos en su guía se encontraba tener al menos 65 años y haber cumplido al menos la mitad de la sentencia, además de requisitos médicos específicos.
Pero una posibilidad legal no significa necesariamente una liberación automática.
Hay que solicitarla.
Hay que demostrar las circunstancias.
Hay que superar el proceso correspondiente.
Y cada caso puede terminar de manera diferente.
Por eso la edad se convierte en una especie de reloj dentro de la prisión.
El tiempo que una persona cumple no solamente la acerca al final de su sentencia. También la acerca a la vejez, a la enfermedad y a las preguntas sobre si todavía tiene sentido mantenerla encarcelada.
La contradicción que queda
Estados Unidos ha cambiado profundamente su relación con el cannabis.
En 2025, la Comisión de Sentencias registró solamente 389 casos federales de sentencias bajo las guías de tráfico de marihuana, y estos representaron apenas 2% de los casos federales de tráfico de drogas. El número de casos de tráfico de marihuana ha caído de forma considerable en los últimos años.
Pero las sentencias del pasado no desaparecen con las estadísticas del presente.
Los hombres que recibieron décadas de prisión no recuperan automáticamente esos años.
Las familias separadas no recuperan esas décadas.
Y quienes murieron bajo custodia no pueden beneficiarse de la evolución de las leyes.
Aquí está, entonces, la verdadera segunda parte de esta historia:
la guerra contra el cannabis no fue solamente una política sobre drogas. Fue también una arquitectura legal de penas, incentivos y decisiones judiciales que podía transformar una conducta relacionada con una planta en décadas de vida dentro de una prisión.
Hoy Estados Unidos tiene que decidir qué hacer con el legado de esa arquitectura.
No significa liberar automáticamente a todas las personas condenadas.
Tampoco significa declarar que todas las condenas fueron injustas.
Significa hacerse una pregunta que una sociedad puede y debe hacerse cuando sus leyes cambian:
¿Qué justicia corresponde a quienes todavía están cumpliendo las consecuencias de una política que el país ya no aplica de la misma manera?
Porque legalizar el cannabis puede cambiar el mercado.
Cambiar las leyes puede cambiar las estadísticas.
Y conceder un indulto puede limpiar determinadas condenas.
Pero hay algo que ninguna reforma puede devolver:
el tiempo.
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