Cuando la prohibición federal se convierte en defensa

Un fallo del Sexto Circuito que dejó sin efecto un veredicto de $31.8 millones contra entidades vinculadas a Curaleaf vuelve a poner sobre la mesa una contradicción central del cannabis estadounidense: negocios legales bajo las leyes estatales que todavía operan dentro de un marco federal restrictivo.

Durante años, la industria del cannabis ha aprendido a convivir con una paradoja difícil de ignorar.

Los estados otorgan licencias.

Los estados regulan.

Los estados cobran impuestos.

Las empresas firman contratos millonarios.

Pero el conflicto aparece cuando una de esas relaciones comerciales termina frente a un tribunal federal.

Eso es precisamente lo que ocurrió en Hello Farms Licensing MI, LLC v. GR Vending MI, LLC, un caso que acaba de producir una decisión con implicaciones que podrían ser observadas de cerca por otras empresas del sector.

$31.8 millones que quedaron sin efecto

Hello Farms, un productor de cannabis de Michigan, había acordado vender sus cosechas de 2020 y 2021 a GR Vending, una entidad vinculada a Curaleaf, con CURA MI como garante.

Después de que el comprador dejó de aceptar las entregas, Hello Farms demandó por incumplimiento contractual.

Un jurado federal terminó concediendo aproximadamente $31.8 millones al productor.

Pero Curaleaf apeló.

Su argumento central fue que el contrato involucraba actividades relacionadas con cannabis que, aunque permitidas bajo la legislación de Michigan, continuaban prohibidas por la legislación federal.

El 10 de septiembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito aceptó ese argumento y revocó la decisión. El tribunal sostuvo que los tribunales federales no pueden hacer cumplir contratos fundamentados en acuerdos para realizar conductas que la legislación federal considera ilegales.

La decisión no dice que el cannabis sea ilegal en Michigan. Tampoco invalida automáticamente todos los contratos de cannabis existentes.

Su alcance está relacionado con la capacidad de los tribunales federales para hacer cumplir determinados acuerdos cuando esos acuerdos implican conductas prohibidas por la ley federal.

Y ahí comienza lo verdaderamente interesante.

La paradoja del cannabis estadounidense

La industria ha construido buena parte de su infraestructura comercial dentro de sistemas estatales que permiten actividades que continúan enfrentando restricciones federales.

Eso significa que una empresa puede estar perfectamente licenciada por su estado, pagar impuestos, cumplir con requisitos regulatorios y celebrar acuerdos comerciales dentro de ese mercado y, aun así, encontrarse con un problema cuando una disputa contractual llega al ámbito federal.

En el caso de Hello Farms, esa contradicción terminó siendo determinante.

El Sexto Circuito señaló que la legalización estatal no cambia por sí sola la prohibición federal aplicable al contrato. El tribunal también rechazó que los cambios recientes en la clasificación federal del cannabis solucionaran el problema planteado en este caso.

El resultado es difícil de ignorar:

$31.8 millones concedidos por un jurado terminaron sin poder ser exigidos mediante ese contrato en el tribunal federal.

¿Y qué tiene que ver Cookies?

Aquí es donde conviene separar los casos.

Mientras el fallo de Curaleaf se produjo en una apelación federal sobre un contrato de suministro de cannabis, Cookies enfrenta un procedimiento arbitral diferente.

El 9 de septiembre de 2026, Gron Ventures anunció que un árbitro había concedido más de $61.5 millones a Gron y Red Tech Holdings en una disputa contra Cookies Creative Consulting & Promotions y Parker Berling.

Según el anuncio de Gron, el laudo incluyó determinaciones relacionadas con fraude, fraude de valores, interferencia intencional con contrato y violaciones contractuales. También señaló que las contrademandas de Cookies fueron rechazadas.

El conflicto se remonta a inversiones realizadas por los dos grupos en 2019 y 2020 y a una operación posterior que, según los inversionistas, habría alterado sus derechos económicos y corporativos.

Pero hay una diferencia fundamental:

el laudo de Cookies no es el mismo tipo de procedimiento que el caso Hello Farms.

Por eso, el fallo del Sexto Circuito no significa automáticamente que Cookies pueda utilizarlo para eliminar o evitar el laudo de $61.5 millones.

Entonces, ¿qué cambia?

La verdadera importancia del caso Curaleaf podría estar en la pregunta que deja abierta para futuras disputas.

Si una obligación contractual depende de actividades que la ley federal todavía considera ilegales, ¿puede una de las partes acudir a un tribunal federal para exigir el cumplimiento de esa obligación?

El Sexto Circuito acaba de responder que, bajo las circunstancias de este caso, no.

Eso puede convertirse en un argumento que otras compañías intenten utilizar en litigios futuros.

Pero también existen límites importantes.

El fallo corresponde al Sexto Circuito, cuya jurisdicción incluye Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee. No significa que todos los tribunales federales del país estén automáticamente obligados a adoptar exactamente la misma interpretación.

Tampoco significa que cualquier deuda, contrato o sentencia relacionada con una empresa de cannabis pueda desaparecer simplemente invocando la prohibición federal.

Cada acuerdo, jurisdicción, procedimiento y obligación tendrá que analizarse por separado.

La ironía jurídica

Durante décadas, la prohibición federal fue uno de los principales obstáculos para que el cannabis pudiera funcionar como una industria convencional.

Ahora, en este caso, esa misma prohibición fue utilizada como argumento defensivo por una empresa demandada.

La paradoja es profunda.

El cannabis puede ser una actividad legal bajo la licencia de un estado y, al mismo tiempo, generar contratos cuya ejecución encuentre obstáculos cuando el conflicto llega al sistema federal.

Para inversionistas, operadores, cultivadores y marcas, el mensaje no necesariamente está en los $31.8 millones.

Está en la letra pequeña de cada acuerdo.

Porque mientras continúe la distancia entre las leyes estatales y federales, la licencia estatal puede permitirte operar; pero no necesariamente garantiza cómo terminará una disputa contractual en un tribunal federal.

Y esa es una diferencia que la industria del cannabis no puede darse el lujo de ignorar.